Cancún, Q. Roo. 28 de febrero 2019
El 90 por ciento de los propietarios de terrenos en el Malecón Tajamar insisten en que se tiene que preservar el Estado de Derecho y que “la resolución de la Corte sólo fue para unos cuantos predios”, como los de la firma italiana Bi&Di, que devastó su lote, razón por la que han optado por esperar y piden que la Semarnat y la Corte revisen el caso.
Miguel Ángel Lemus Mateos, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC) se dijo sorprendido y calificó de unilaterales recientes declaraciones del director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, quien el lunes pasado señaló que será muy difícil que el proyecto se desarrolle como estaba planeado originalmente.
El empresario criticó el mensaje del titular del Fonatur a los dueños de lotes, a quienes les pidió esperar el resultado de estudios para saber cuánto es lo que habría que pagarles y señaló que no ve cómo se podría resarcir el daño a los inversionistas porque no hay recursos.
Incluso, afirmó que sólo el primer cálculo arroja indemnizaciones por un monto que oscilaría entre tres mil y cuatro mil millones de dólares, lo que significaría “la quiebra técnica” del organismo.
“Creemos que todavía hay instancias legales que se pueden seguir y en Tajamar, para ciertos propietarios de predios, se va a seguir dando el litigio hasta lograr certeza jurídica. Hay algunos que ya dijeron “a mí, que me paguen, como (Francisco) Pancho Córdova (Lira), y está bien, están en su derecho”, manifestó.
Sin embargo, consideró que el 90 por ciento de los propietarios están dispuestos a irse “hasta las últimas consecuencias” e insisten en que se tiene que preservar el Estado de Derecho.
Son compradores de buena fe y piden que la Suprema Corte de Justicia (de la Nación) revise el caso, lo que mismo que la Semarnat, afirmó.
Lemus Mateos señaló que el domingo pasado, en Chetumal, se reunió con la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, quien le habría dicho que estaba entrando y pidió tiempo para revisar el caso porque carece de elementos suficientes para pronunciarse.
El empresario inmobiliario precisó que el tema está en la Corte y recordó que hay dos sentencias: una en la que se ordena a la Semarnat no dar más permisos y otra que dispone restaurar el sitio, “pero como le dije a ella, la Secretaría puede hacer un nuevo acto de autoridad y modificar la ley”.
Y explicó: “La Semarnat puede solicitar la modificación de la llamada Ley del Mangle (Ley General de Vida Silvestre) al Congreso para que quede como estaba antes, en la que se estipulaba una compensación (por el desmonte), que para nosotros sería lo ideal, o ejecutar la sentencia y pagar una compensación económica para los terrenos afectados, porque no fueron todos, sólo tres o cuatro”.
Miguel Ángel Lemus sostuvo que los demás predios tienen Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), licencia de construcción “y todo”, y los propietarios sólo están esperando que el tema se resuelva por la vía del Derecho, porque a la mayoría “no les han permitido entrar a juicio”.
“Seguimos en la postura de que hay que defender el Estado de Derecho para generar más inversiones, certeza jurídica a la inversión y, para las zonas turísticas, la revisión de las zonas de humedales y manglares. Tenemos millones de hectáreas que pueden quedarse como áreas protegidas, lo que hace falta son políticas de mitigación al impacto ambiental”, expresó.
AGENCIA INFOQROO
