Cancún, 20 de junio, (Infoqroo).
Resulta lamentable que las autoridades federales traten de alargar lo más que se pueda la resolución legal en torno a Malecón Tajamar y el tema así le “estalle” al próximo gobierno federal, que deberá pagar una millonaria indemnización, expresó la abogada Antonella Vázquez Cavedón de la agrupación “Defendiendo el Derecho al Medio Ambiente Sano”.
“Estamos hablando de mucho dinero que deberán pagar o regresar a los empresarios que intentaban desarrollar la zona y que seguramente ya no existe”, expresó.
En conferencia de prensa, la abogada y activista dio detalles del proceso legal que se sigue para frenar el desarrollo en Malecón Tajamar.
Asimismo, Aracely Domínguez, indicó que organizaciones civiles y ciudadanos le solicitaron al secretario de turismo federal, Enrique de la Madrid respetar el Resolutivo del poder legislativo respecto a la denuncia emitida por el tercer tribunal colegiado de que la ley ambiental emitida por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, (Fonatur) en 2005 era ilegal, y con ello aceptar dicha sentencia y reparar el daño causado al Malecón Tajamar y su entorno natural.
Además pidió que el secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero, se disculpe de manera pública por las declaraciones que hizo hace unos días.
“Su amenaza sobre quienes detuvieron el proyecto, refiriéndose a quienes interpusimos amparos sobre Malecón Tajamar y sobre pagar las consecuencias, refiriéndose a miles de cancunenses que se sumaron a nuestras organizaciones, algunas de ellas con más de 35 años de trabajo en el Estado, criminalizan y menoscaban el ejercicio y la exigencia de nuestros derechos”, declaró Araceli Domínguez, vocera del organismo.
Insistió en que tanto el secretario, como el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), deben asumir las consecuencias, cumplir con la sentencia, reforestar y rehabilitar el área.
Añadió que Fonatur además deberá indemnizar a los compradores, pues para ello existe la ley federal de responsabilidad patrimonial.
“Por eso están alargando los procesos legales, para heredarlos al próximo gobierno federal”, concluyó Antonella Vázquez.
