Ayer el Congreso del Estado de Quintana Roo dio la espalda a la innovación y a todos los quintanarroenses al aprobar una reforma a la Ley de Movilidad. Ignoró la voz de miles de ciudadanos y organismos empresariales, dejando sin oportunidades de autoempleo a más de 5,000 familias quintanarroenses.
Esto limita las soluciones tecnológicas de transporte para más de 130,000 ciudadanos y millones de turistas que anualmente acuden al principal destino turístico del país.
Con la nueva reforma a la Ley de Movilidad, todos los Socios Conductores tendrían que adquirir y refrendar anualmente una concesión para poder prestar sus servicios con la aplicación de Uber.
Es muy probable que estas concesiones, además de costosas, sean controladas por el Gobierno, por lo tanto, podrían ser muy limitadas.
Esta decisión abre la puerta a procesos burocráticos que van en contra de la innovación y la flexibilidad que se obtiene a través de las ERT. En ninguno de los 21 estados en los que tenemos presencia en México, contamos con una regulación con estas características.
Si la ley mencionada se publicara en los términos aprobados y dadas las condiciones que establece la reforma y las limitantes que representa para las ERT, no podríamos reanudar operaciones en Quintana Roo.
Lamentamos profundamente que una vez más se haya dado mayor peso a los intereses de grupos de poder, por encima de los tuyos y los de miles de ciudadanos más.
Lo que no logran cambiar las autoridades con dicha reforma retrógrada es que seguimos siendo más los que #QueremosUberEnCancún y en Quintana Roo.
Nosotros seguimos y seguiremos comprometidos con que esa mayoría quiere tener el poder de elegir cómo moverse por su ciudad.
