Denuncia formal contra Eduardo Martínez Arcila y la Gran Comisión de la legislatura local

Denuncia formal contra Eduardo Martínez Arcila y la Gran Comisión de la legislatura local

Denuncia formal contra Eduardo Martínez Arcila y la Gran Comisión de la legislatura local

Cancún, Q. Roo. 21 marzo 2019

Eduardo Galaviz Ibarra, presidente de este Observatorio Ciudadano interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, formal querella contra la XV Legislatura del Congreso del Estado, contra su Gran Comisión y su Oficialía Mayor, por el presunto delito de peculado y uso de recursos públicos para fines electorales.

En conferencia de prensa informó que la denuncia se sustenta en el gasto irregular de aproximadamente 200 millones de pesos en “ayuda social” entregados a, en su mayoría, militantes del Partido Acción Nacional, a integrantes del Sindicato del Congreso del Estado e incluso al hijo de una diputada.

Galaviz Ibarra explicó que estos 200 millones de pesos (100 millones de pesos anuales) han sido entregados inconstitucionalmente porque el Congreso no tiene esas facultades, sin embargo, de acuerdo a Transparencia, se han entregado 11 mil ayudas en dos años, a un promedio de 400 a 500 ayudas mensuales y muchas con nombres repetidos.

“Hay quienes reciben hasta dos apoyos mensuales. No es gente a la que se le gestiona una ayuda por alguna situación, sino que ya dependen de este dinero”, dijo.

Agregó que en junio del año pasado, en el marco de las elecciones, en el listado aparece la entrega de un gran número de despensas y de láminas, sin embargo, no aparecen destinatarios o receptores ni el motivo por las cuales se compraron o los criterios de entrega.

“Es una práctica de desvío de recursos, para apoyar campañas electorales”; afirmó.

Entre los que reciben estas ayudas, se encuentran asesores, profesionistas, y gente que no son de escasos recursos, e incluso el hijo de la diputada Eugenia Solís, al que se le apoyó con transporte, mientras que otras ayudas son hasta con la compra de suplementos alimenticios.

En este marco, expuso también la remodelación del Congreso para instalar un sistema de audio y monitores, por el cual se pagó 5 millones de pesos.

El proyecto se adjudicó directamente a un militante del PAN, a través de una empresa de otro giro, de la industria petrolera de Campeche.

En la facturación aparece el cobro de un millón de pesos por la “topografía de sonido”, que es sencillamente medir los niveles acústicos del recinto.

Galaviz Ibarra, dijo que tras analizarse el documento obtenido de Transparencia, existe la posibilidad de configurarse un delito electoral  y posible peculado, por lo que bajo estas figuras, el Observatorio decidió  interponer la querella ante la Fiscalía General de la República (ex PGR), en la ciudad de México.

Y el motivo fue porque la Auditoría Superior del Estado (que depende del Congreso) ha sido omisa a la hora de detectar estas prácticas.

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