Arturo Contreras Castillo nuevo encargado de la secretaría de Gobierno

Arturo Contreras Castillo nuevo encargado de la secretaría de Gobierno

Chetumal, Q. Roo. 3 julio 2019

Jorge Arturo Contreras Castillo, ex presidente municipal de Benito Juárez encarcelado 1993 por desvío de recursos y falsificación de documentos oficiales, fue designado hoy por el gobernador Carlos Joaquín González como encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno.

Esta tarde a través de un comunicado oficial, Carlos Joaquín da a conocer el nombramiento de Arturo Contreras Castillo como encargado de despacho de la Secretaría de Gobierno ante salida por renuncia de Francisco López Mena, quien venía desempeñándose como Secretario de Gobierno desde el inicio de la administración.

De acuerdo al comunicado,  el chetumaleño, tiene amplia experiencia en temas de gobierno y gobernabilidad, y venía ocupando la subsecretaría de Desarrollo Político de la dependencia.

Y agrega, “el encargado del despacho tendrá a su cargo la labor de conducir y regular la política interior, las estadísticas y control de población y la protección civil del estado, mediante una política proactiva y con apego a la legalidad”.

Jorge Arturo Contreras Castillo fue presidente municipal interino de Benito Juárez  de 1991 a 1993 y dos meses después de concluir en el cargo fue acusado por los delitos de desvío de recursos y falsificación de documentos, aprehendido  el 2 de  junio de 1993, dictándose la formal prisión el 1 de octubre  de ese mismo año durante el mandato de Mario Villanueva Madrid como gobernador.

Arturo Contreras Castillo había sido secretario de gobierno de Miguel Borge Martín, grupo político al que pertenecía cuando fue recluido en la cárcel; sin embargo, el expediente se desvaneció y finalmente quedó libre.

Contreras Castillo es hermano de Luis Contreras Castillo, propietario del Diario de Quintana Roo medio que recibió del Gobierno del Estado por concepto de servicio profesional publicitario en los últimos tres meses de 2016, dos millones de pesos; en 2018 el Estado le pagó 6 millones de pesos y en 2019, mantiene el mismo contrato por 6 millones de pesos.

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