Admite la SCJN la Controversia Constitucional contra el Gobernador por imponer el Mando Único en Solidaridad

Admite la SCJN la Controversia Constitucional contra el Gobernador por imponer el Mando Único en Solidaridad


Ciudad de Mexico, 12 Junio 2019

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, inició este día los trámites de l Controversia Constitucional promovida por el gobierno municipal de Solidaridad contra el Gobierno de Quintana Roo, tras la imposición del Mando Único Policial decretado por el gobernador Carlos Joaquín González en ese municipio.

El pasado 14 de mayo, tras la insistente negativa de la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete a aceptar el MUP, el gobernador Carlos Joaquín Gonzalez emitió un decreto para imponer ese modelo de mando policiaco en Solidaridad, por lo que desde entonces, la policía de ese municipio es comandada por el secretario de Seguridad del Estado, Alberto Capella Ibarra.

Ese mismo día, Laura Beristain Navarrete informó que iniciaría con una controversia constitucional para combatir la decisión del ejecutivo a quien acusó de darle un golpe de estado.

La querella fue aceptada por la SCJN el 7 de junio pasado y hoy se inició con los trámites asentados en el expediente Controversia Constitucional 216/2019 donde el municipio de Solidaridad es el actor.

Aquí el texto de la SCJN:

“Visto el escrito de demanda y los anexos de quien se ostenta como Síndico del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, mediante los cuales promueve controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa.

Se admite a trámite la demanda que hace valer. Se le tiene designando delegados, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad (no así el que indica en el Municipio Solidaridad, Quintana Roo, en virtud de que las partes están obligadas a señalarlo en el lugar en que tiene su sede este Alto Tribunal); y ofreciendo como pruebas las documentales que acompaña a su escrito de demanda, las cuales se relacionarán en la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos.

Se tiene como demandado en este procedimiento constitucional al Poder Ejecutivo de Quintana Roo, el cual debe comparecer por conducto de su representante legal y, en su caso, dictar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la resolución que se emita en este asunto.

Emplácese al Poder Ejecutivo de Quintana Roo con copia simple del escrito para que presente su contestación dentro del plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído y, al hacerlo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibido que, de lo contrario, las subsecuentes se le harán por lista hasta en tanto cumpla con lo indicado.

Se requiere al poder demandado para que al dar contestación a la demanda remita copia certificada de todos los antecedentes y documentales relacionados con el acuerdo impugnado, apercibido que, de no cumplir con lo anterior, se les aplicará una multa.

Dese vista a la Fiscalía General de la República para que, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley, manifieste lo que a su representación corresponda; igualmente, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, con la finalidad de que, si considera que la materia del presente juicio trasciende a sus funciones constitucionales, manifieste lo que a su esfera competencial convenga, hasta antes de la celebración de la audiencia de ley.

Fórmese el cuaderno incidental respectivo con copia certificada del escrito de mérito. Hágase la certificación de los días en que transcurre el plazo otorgado en este proveído”.

Con estas acciones se continúa con la batalla, no sólo jurídica, sino política entre el gobierno municipal de Solidaridad encabezado por Laura Beristain Navarrete abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional contra el gobernador Carlos Joaquín González, abanderado del Partido Acción Nacional.

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